Nicaragua se ha convertido en una fábrica de presas y presos políticos desde el estallido social de abril de 2018. Desde entonces miles de personas han sido encarceladas y sometidas a todos tipo de torturas que incluyen el aislamiento en solitario en celdas oscuras y con poca ventilación. Las presiones dentro y fuera del país han rescatado algunas de ellas, pero cada día son apresadas más. La presión debe continuar.

Desde 2018 varias personas apresadas estuvieron en paradero desconocido. Estas desapariciones ocurrieron en tres etapas: La primera, entre 2018 y 2019, estuvo dirigida a desmantelar el liderazgo social de las protestas; la segunda significó la captura de dirigentes políticos en 2021 en vísperas de las elecciones presidenciales. La tercera ocurrió a partir de 2023, cuando la desaparición forzada empezó a ser practicada de forma habitual, al extremo de que en la segunda mitad de 2025 representan aproximadamente el 45% de todas las personas capturadas por la policía. Si bien algunas empezaron a ser excarceladas a finales de 2025, continúan bajo un régimen arresto domiciliario sin ningún tipo de derecho. En la práctica, siguen sufriendo las consecuencias de su desaparición forzada. Basta ya desapariciones en Nicaragua