Asociación Nicaragua Libre

Artículo publicado originalmente en Confidencial el 18 de febrero de 2026.

La noticia de la apertura del proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes en España es, para miles de ellas, algo más que un término jurídico. En nuestra opinión, es un hecho profundo y significativo: vivir sin miedo y con reconocimiento de sus derechos.

La regularización, tras años de invisibilidad administrativa y de precariedad en muchos casos, supone una oportunidad de avanzar en justicia social, dignidad y cohesión. Pero también vivir sin miedo a no poder firmar un contrato de alquiler, acceder a un trabajo en condiciones dignas, o acceder a servicios básicos.

Para la Asociación Nicaragua Libre supone, además, un reconocimiento para personas que, a pesar de ser parte de este país, han permanecido en un limbo administrativo.

El Real Decreto que ha iniciado a tramitarse permitirá, según la información oficial, la regularización de personas extranjeras que residen en el país desde antes del 31 de diciembre de 2025 y han permanecido de forma continuada al menos cinco meses. Está previsto que la presentación de solicitudes inicie en abril de 2026 y que se extienda hasta junio. 

No hablamos de números. Hablamos de vidas.

Desde una mirada latinoamericana y progresista, la regularización extraordinaria no debe leerse como una concesión, sino como una reparación de derechos: poner fin a situaciones de explotación laboral, exclusión sanitaria y estigmatización social que han marcado las vidas de tantas familias migrantes. En palabras del movimiento Regularización Ya, esta medida “hace sentir a las personas como ciudadanas y personas, no como objetos”.

Las situaciones en las que se encuentran miles de personas cuya situación administrativa les impide vivir en igualdad con el resto de la ciudadanía responden, en ocasiones, a situaciones de necesidad más absoluta. Muchas de ellas han migrado no por elección, sino porque no les quedaba más remedio. 

Detrás de cada expediente, hay un nombre, una persona, una historia de vida que tendrá que ser tratado con la dignidad y respeto necesario. Historias que van desde la madre que trabaja como empleada doméstica cuidando a personas mayores, hasta la joven que huyó de la persecución política en su país y que no ha podido homologar sus estudios. Se trata de familias, amistades, y todo un enjambre de relaciones humanas que se han construido desde un proyecto migratorio y el deseo de vivir una vida digna.

La comunidad nicaragüense en España, como muchas otras de América Latina, ha desarrollado redes solidarias, trabajos productivos y trayectorias de integración social pese a su situación irregular. Sin embargo, es también una comunidad particularmente expuesta a precariedad, discriminación y procesos de exclusión debido a la ausencia de sistemas de identificación o reconocimiento consular efectivo

La migración nicaragüense, en su mayoría provocada por motivos económicos, también ha visto un aumento significativo forzado por la crisis política y la represión que atraviesa nuestro país desde 2018 – pero también desde antes. Algunas han perdido su nacionalidad por efecto de la represión del gobierno de Ortega y de Murillo. Otras carecen de documentación vigente o tienen dificultad para pagar los altos costes que supone conseguirla en el país de origen. También existen casos como los que ya ha denunciado el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de apátridas de facto: personas que no cuentan con ningún tipo de protección consular porque el Estado nicaragüense se las ha negado.

Para ellas, demostrar su identidad o su permanencia en España no es sencillo. No porque no quieran cumplir los requisitos, sino porque simplemente no pueden obtener documentos que dependen de autoridades que les niegan sus derechos. Por eso esta regularización debe entender que no todas las trayectorias migratorias son iguales.

Atención prioritaria a las personas más vulnerables

Como ha señalado el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de las personas migrantes, la irregularidad aumenta exponencialmente la vulnerabilidad de las personas migrantes ante violaciones de derechos humanos y limita su acceso a servicios básicos y protección efectiva. Los mecanismos de regularización deben reconocer estas vulnerabilidades y garantizar que no se reproduzcan exclusiones estructurales. 

Por ello, desde la Asociación Nicaragua Libre instamos a que:

• Se adopten criterios diferenciales de atención para personas en situación de mayor vulnerabilidad (mujeres, víctimas de violencia, personas con enfermedades crónicas, sin redes familiares y en riesgo de exclusión social), evitando que queden fuera del proceso por falta de documentos o pruebas de residencia.

• Que no se penalice a quienes carecen de documentación por causas ajenas a su voluntad, como es el caso de muchos apátridas de facto, personas sin nacionalidad reconocida que enfrentan barreras extremas para acreditar estancia o identidad.

• Garantizar apoyo jurídico gratuito y acompañamiento integral para que los solicitantes no queden atrapados en un proceso burocrático inaccesible, ni caigan en manos de gestores abusivos, como han venido alertando organizaciones sociales y migrantes. 

En el caso específico de la comunidad nicaragüense, el proceso de regularización debe recoger específicamente las voces de estos colectivos, y construirse desde el reconocimiento de sus realidades. La ausencia de documentación no es ausencia de historia. Por ello, no puede ni debe utilizarse como excusa para negar derechos a personas que ya viven, trabajan y aportan en este país. Es por ello que apostamos por:

• La flexibilización de las pruebas de residencia, permitiendo que combinaciones de documentos públicos, registros comunitarios o testimonios acrediten la presencia continuada en España.
• La protección integral de las familias, incluyendo a menores y personas dependientes, entendiendo que la regularización impacta positivamente en sus trayectorias educativas, sanitarias y comunitarias.

En un contexto internacional en el que se intenta normalizar la criminalización de la población migrante, la regularización extraordinaria en España es un hecho al que todas las organizaciones estamos llamadas a contribuir por un imperativo moral y por un sentido elemental de justicia social. Es un derecho que interpela especialmente a las organizaciones nicaragüenses y al conjunto de la sociedad, por la situación que atraviesa nuestro país. Aquí no caben ni medias tintas ni omisiones cómplices.

*La autora es integrante de la Asociación Nicaragua Libre.